San Lorenzo- El candidato a la legislatura municipal Miguel “Tony” López, sometió querellas en la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Ética Gubernamental y el Contralor para que se investigue al alcalde saliente por la contratación de una compañía de servicio de comida que pertenece a un empleado municipal.

López aseguró que el empleado  trabaja en el Municipio de San Lorenzo y preside la compañía; “The Original International Catering, Inc.” registrada en el Departamento de Estado desde el 2007, la cual factura por actividades oficiales de esta administración.

“Varios ciudadanos que se dedican a este tipo de negocio se nos han acercado señalando, que esta práctica  beneficia a una persona en particular, limitando el movimiento económico de este pueblo. Además no me parece justo, como tampoco ético, porque en San Lorenzo existen otras compañías que también pueden brindar este servicio y no se les da la oportunidad”, puntualizó López.

Finalmente, López expresó que: “esta administración municipal incurre en actos ilegales y que sigue escondiendo la realidad. Nos mantendremos firmes en que nuestra gente conozca quien es verdaderamente el alcalde de nuestro pueblo Samaritano”, concluyó.

Reacciona el municipio 

Por su parte, el presidente de la Junta de Subastas, Orlando De Jesús, tildó la acción como “evidencia de un total desconocimiento de las normas y reglamentos que rigen la contratación de proveedores de servicios para la sana administración municipal. El partido de  oposición ha pretendido lanzar sombras sobre el desempeño administrativo del Municipio de San Lorenzo”.

“La contratación para estos servicios  con la señora Elizabeth Ríos se otorgó mediante subasta,  cumpliendo con todos los requisitos de Ley. En dicho proceso participaron  tres compañías, otorgándose la misma al licitador que mejor cumplía con los requerimientos establecidos para la misma”, mencionó De Jesús.

Ante los señalamientos que se han hecho públicos, debemos precisar que el proceso de subasta excluye la necesidad de solicitud de dispensa, según lo establece el reglamento de ética gubernamental.  Aún así, el Municipio solicitó la asesoría de la Oficina de Ética Gubernamental, cuyo oficial el señor Ángel Puig, corroboró lo correcto de la decisión tomada por la Junta de Subastas.

“No nos cabe la menor duda de que con esta falsa denuncia, al igual que ha ocurrido con todas las anteriores, se pretende montar  una faena política que habrá de estrellarse contra la realidad que siempre ha estado presente en nuestra gestión administrativa, garantizar la mayor pulcritud y cumplimiento para la más sana administración de los recursos de nuestro pueblo”, finalizó el Presidente.