La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, informó  que tras un esfuerzo de cabildeo en Washington con el Departamento de Trabajo federal, obtuvo una asignación de $43 millones en beneficios de desempleo, específicamente para personas víctimas de violencia doméstica o que están a cargo de pacientes encamados y tienen que abandonar su empleo lo que no les permite generar ingresos.  En vista pública de la Comisión de Hacienda, que preside Antonio Silva Delgado, la líder cameral señaló que “luego de reuniones con el Departamento del Trabajo federal y con ustedes acá, la mayoría radicamos unos proyectos que se aprobaron, que a mi juicio y según la información del Departamento a nivel federal pudieran localizar $43 millones en Puerto Rico por primera vez”.

Indicó que con estos fondos se amplían “los beneficios de desempleo en distintas categorías incluyendo a aquellas personas víctimas de violencia doméstica y otras categorías; que no necesariamente significa que las personas no tienen ningún tipo de empleo, sino que son oportunidades adicionales de darles un incentivo para que nuestra gente eche pa’lante”. Anteriormente, estas personas no recibían estos beneficios.

El secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero, coincidió con la líder cameral al afirmar que con la Ley 191 de 2011 “se logró que recibiéramos una notificación de asignación de fondos el 19 de septiembre de 2011, y cuya aplicabilidad es desde enero de este año hasta diciembre. Se comenzó el año pasado un proceso de adiestramiento a todos los funcionarios de las 14 oficinas locales sobre los nuevos requisitos de elegibilidad, para evitar que víctimas de violencia doméstica, personas que están cuidando un familiar, personas que por razones muy particulares están sólo disponibles para aceptar un empleo a jornada parcial, no fuesen afectados sino que les aplicara la nueva ley”.

A preguntas de González Colón, sobre la necesidad de legislación local adicional para competir por nuevos fondos federales, Romero manifestó que en la actualidad se discute en el Congreso “el proceso de reautorización de los fondos Workforce Investment Act (WIA); hay una sesión de ‘mark-up’ donde va a depender finalmente qué vaya a presentarse en el Congreso”.

“Hay una legislación presentada que provee también para aumentar la cantidad de fondos disponibles a través de la reserva estatal”, añadió.

Señaló que “una vez nosotros tengamos la determinación final y la declaración que emite el gobierno federal, estaremos en posición, como estuvimos la otra vez, de ver si hay algún cambio adicional en términos legislativos federales”

Aseguró que “nosotros estamos muy pendientes; estamos llevando a cabo un trabajo bien de cerca con la Administración Federal de Puerto Rico en Washington D. C. (PRFAA), a quienes hemos visitando constantemente. Recientemente tuvimos una sesión de trabajo con funcionarios de alta gerencia del Departamento del Trabajo federal, así que tan pronto nosotros sepamos finalmente en qué programas adicionales podemos participar, si hay alguno que no tengamos los mecanismos administrativos para poder competir, probablemente se va a pedir, como se ha hecho anteriormente, que la Asamblea Legislativa tome acción”.